La polémica entre fiscales y jueces sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal sigue sumando apoyos y atención institucional. Después de los comunicados de CONFIAS y el Colegio de Magistrados, un grupo de abogados locales decidió alzar la voz y entrar al debate a fondo.
Entre ellos, Roly Olivera, reconocido abogado penalista, periodista y figura política de la Capital, salió a la palestra junto a otro colega para difundir un documento este miércoles que respalda al juez de Garantías, Diego Sanz, en su enfrentamiento con la fiscal Claudia Salica.
El meollo de la cuestión es claro: mientras Salica cree que con un simple consentimiento por escrito de las víctimas es suficiente para una reparación integral, Sanz exige que estas se presenten en audiencias y confirmen su voluntad de manera personal. Este desacuerdo ha generado un fuerte intercambio de opiniones, empezando por el respaldo de CONFIAS hacia la fiscal y la defensa posterior del juez por parte del Colegio de Magistrados.
Olivera y su colega no dudaron en tomar partido, respaldando la postura de Sanz. En su documento, argumentan que la Ley 1851-O, que introdujo el sistema acusatorio en San Juan, amplía los derechos de las víctimas en comparación con el viejo Código Procesal Penal. Según ellos, cualquier interpretación en este contexto debe favorecer una participación activa de las víctimas en el proceso judicial.
Critican duramente que se alegue que los jueces no pueden pedir requisitos que no estén en la ley, ya que eso ignora el artículo 12 del Código Procesal Penal, que establece que cualquier norma referida a las víctimas debe leerse en el sentido de facilitar su intervención. "El nuevo código vino a darles más derechos, no a quitárselos", aseguran, insistiendo en que escuchar a las víctimas antes de validar un acuerdo es más una garantía que una exigencia arbitraria.
Además, el documento arremete contra la idea de “revictimización institucional” que ha mencionado CONFIAS en su crítica. Los abogados resaltan que permitir que una víctima hable ante un juez no la revictimiza, sino que la reconoce como parte fundamental del proceso.
Por último, hacen hincapié en la función de las Asesorías Oficiales, cuestionando su vinculación al comunicado de los fiscales, pues estas instituciones están orientadas a proteger a personas en situaciones vulnerables, muchas veces en el rol de víctimas.
El documento cierra con una fuerte afirmación sobre el papel de los jueces: no pueden ser meramente “buzones de los fiscales”, sino que deben asegurarse de que se respeten los derechos de todas las partes en juego. ¡Así está el debate en la escena judicial!
