La situación se pinta complicada para los hogares mendocinos que, de cara al invierno, podrían ver sus facturas de gas incrementar entre un 30% y un 50%. Ante esta alarmante proyección, los legisladores de varios partidos han decidido dejar de lado sus diferencias y formar un único frente para combatir la inminente eliminación de subsidios. Saben que esto golpeará duro no solo en las familias, sino en todo el comercio y la producción local, así que están listos para llevar el asunto a los tribunales.
En una movida conjunta, se reunieron políticos de Encuentro Mendocino (que incluye al PJ y La Unión Mendocina), del Partido Justicialista y del Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur). Todos coincidieron: la defensa de la Zona Fría es una cuestión provincial que va más allá de partidos o campañas electorales. Necesitan mantener este beneficio vital ante las reformas tarifarias que vienen del gobierno nacional.
La senadora Adriana Cano fue clara al explicar cómo el tarifazo afectará a cada familia mendocina y, por ende, al comercio. "Cuando las familias tienen que gastar más en servicios básicos, se ven forzadas a recortar gastos en otras áreas. Esto afecta a todos, desde el pequeño comerciante hasta la gran producción", expresó. Cano también destacó que la Zona Fría no es un lujo, sino un reconocimiento a la cruda realidad que se vive en Mendoza, donde el consumo de gas en invierno es altísimo. "No hay justificación para eliminar este subsidio", enfatizó.
El senador Dugar Chappel lanzó una alerta sobre el efecto que tendrá esta medida en los más vulnerables. Si se eliminan los subsidios, no solo se verá afectado el gas natural, sino que las garrafas también se encarecerán, afectando a aquellos que dependen de este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente en zonas rurales.
Las críticas no tardaron en llegar hacia el gobernador Alfredo Cornejo, a quien se le reprocha su silencio ante esta problemática. "Esperamos que se ponga del lado de los mendocinos y no se quede paralizado por acuerdos políticos a nivel nacional", lanzó Cano.
Ahora, la estrategia de la oposición no se quedará en meras palabras. Ya están trabajando en un plan judicial. Si el proyecto avanza, tienen en mente presentar medidas cautelares y amparos colectivos. La idea es frenar cualquier aumento hasta que se tome una decisión legal sobre el tema. "No solo estamos hablando de costos. Hablamos del derecho de muchas familias a poder calentar sus hogares en invierno y de la responsabilidad de los que nos representan para defender a Mendoza por encima de cualquier interés político", fueron las palabras de los legisladores, que prometen llevar este conflicto al centro del debate público.
