¡Atención a todos! El fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, acaba de firmar una resolución que cambia las reglas del juego entre la Fiscalía y los medios de comunicación. A través de la Resolución General Nº 26/2026, se establece un nuevo protocolo que centraliza la forma en que se comparte la información, buscando que todo pase por la flamante Oficina de Comunicaciones, que comenzó a funcionar este año.
Este nuevo documento, que tiene diez páginas y fue fechado el 12 de junio, establece normas que deberán seguir todos los empleados de la Fiscalía a la hora de generar y compartir información. ¿El objetivo? Unificar la comunicación, proteger datos sensibles y asegurar que el debido proceso en las investigaciones penales no se vea afectado.
La idea de centralizar la comunicación no es nueva; ya se había adelantado a DIARIO DE CUYO que la Fiscalía estaba buscando un camino más ordenado para tratar con los medios, ahora bajo la conducción de Sofía Correa.
Uno de los puntos más importantes del protocolo es que la Oficina de Comunicaciones será el canal oficial desde el que se difundirán todas las noticias. Ellos serán los encargados de elaborar comunicados, coordinar entrevistas y manejar las redes sociales de manera más efectiva.
Además, el nuevo protocolo trae pautas claras: los funcionarios deben mantenerse alejados de dar información informal o no autorizada. Esto significa que se desaconseja tener charlas constantes con periodistas sobre causas que están bajo investigación. Si hay alguna pregunta de la prensa relacionada a esos temas, debe pasar sí o sí por la Oficina de Comunicaciones o tener el visto bueno del fiscal General.
Pero no solo se trata de restringir; también se busca ser claros. Todas las declaraciones de fiscales y otros funcionarios tendrán que basarse en información oficial, evitando opiniones personales o detalles que puedan afectar el proceso judicial en curso. Solo se podrá hablar de cosas que ya fueron aprobadas institucionalmente.
El protocolo también pone un foco especial en la protección de datos sensibles. Queda prohibido revelar información que pueda identificar a víctimas, menores, testigos protegidos o personas en situación vulnerable, así como difundir documentos que estén bajo reserva judicial.
Otra parte interesante de esta resolución es el sistema para controlar las filtraciones. Si alguien dentro del Ministerio advierte que se ha divulgado información sin autorización, debe reportarlo de inmediato al Fiscal General, quien evaluará qué medidas tomar.
Baigorrí, en los fundamentos de esta resolución, recalca que su idea es establecer una comunicación pública clara, uniforme y que respete las obligaciones del Ministerio Público. Con este protocolo, esperamos que las relaciones con los medios se vuelvan más organizadas y que se frenen las filtraciones de información no autorizada.
